Los principios rectores de la hermenéutica de los derechos humanos

Por Agustín Peña Cruz

Los principios rectores hermenéutica de los derechos humanos consagrados en la Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos, que cobran mayor relevancia a partir del 10 de junio del 2011.

Teniendo claro que en la historia de la humanidad han evolucionado la defensa de los derechos humanos principalmente las víctimas de esclavitud por lo que se han implentado en el transitar de los años determinadas normas jurídicas que respaldan una congruencia por velar y respetar los derechos de las personas.

Y como matiz predominante es concientizar a las autoridades así como a la sociedad civil sobre el derecho contitucional en la que los jueces interpreten oportunamente las nociones de la norma jurídica en el tenor de los derechos humanos.

Estos derechos cobran relevancia a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la barbarie de la esclavitud y el holocausto cometido. Aunque este hecho marcaria de manera significativa a los países para conformar la declaración universal de los derechos humanos y resaltar como derechos fundamentales que se habran de considerar en el Derecho positivo para garantizar la dignidad humana y los derechos que la misma derivan.

Con una apreciación de ideas y orden jurídico en los derechos humanos resaltan los principios como pilares en la impartición de justicia dentro del Estado constitucional democrático que viene a modificar el entendimiento, interpretación y aplicación en la argumentación jurídica sobre la importancia de los derechos humanos dentro del debido proceso.

Por lo anterior, estaremos conceptualizando la importancia de los principios de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona e interpretación conforme.

Al abordar sobre los principios rectores hermenéutica de los derechos humanos, tenemos que reflexionar sobre la afectación de las personas que son víctimas de algún delito grave en el caso de la tortura, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, abuso de autoridad en las detenciones de victimarios que resultan victimas por el trato en el debido proceso y otras que sin duda están encaminadas en la violación de los derechos humanos que integran y forman parte de la dignidad del hombre.

Antes de tomar en cuenta los principios rectores de los derechos humanos, debemos de tener claro que la víctima según Hernández, J. (2014) “es la persona que ha sufrido una pérdida, lesión o daño en su persona, propiedad o derechos como resultado de una conducta que constituya una violación a la legislación penal nacional, constituya un delito bajo el derecho internacional que implique una violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen posiciones de autoridad política o económica”.

En materia del derecho internacional resaltan los principios fundamentales de la justicia para víctimas del delito y del abuso del poder que fue proclamada el 29 de noviembre de 1985, que a la postre de la resolución número 4043 de la Asamblea General de las Naciones Unidad queda establecido como víctimas del delito a “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.

Ante esto, resaltan los principios constitucionales que cobraron mayor relevancia a partir del 10 de junio del 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los Derechos Humanos principalmente en el artículo 1 en 2006, se referenciaba que: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. En dicho precepto hasta el momento no se evocaba los tratados internacionales que habrían de cobrar fuerza en el 2011 y considerándose al derecho internacional resaltan los principios fundamentales de la justicia para víctimas del delito y del abuso del poder que fue proclamada el 29 de noviembre de 1985, ya que con la adición del 10 de junio del 2011 sobre “los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” además de “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

En esta misma fecha, se exhorta a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por lo que se establen los principios constitucionales en materia de derechos humanos a partir del 10 de junio del 2011, de los cuales podemos definir los siguientes:

El principio de universalidad: Deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. Asimismo, conlleva a que las mayorías de los países, pertenecientes al abanico completo de tradiciones culturales, religiosas y políticas han adoptado y ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, lo anterior, no obstante, a que en algunas ocasiones se ha puesto en tela de juicio la universalidad de los derechos humanos con el argumento de que son un concepto occidental, parte de una actitud neocolonial que se propaga por todo el mundo.

El principio de interdependencia: Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos.

En el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Por lo que puede decirse que violar cualquier derecho humano, atentaría contra la dignidad humana que se fundamenta en la igualdad y la libertad, según lo establece el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al señalar que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, de ahí que deben de privilegiarse todos los derechos humanos en igualdad de condiciones y velar por su cumplimiento a cabalidad.

El principio de Indivisibilidad: Indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Dicho lo anterior, no se pueden dividir en un derecho o una sección para su protección o garantía, por parte de las autoridades estatales, en tanto, son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

El principio de progresividad: Establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.  Además, se ha vinculado de manera más estrecha a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la propuesta considera que en su acepción de «no regresividad» puede emplearse como un principio rector para todos los derechos humanos.

El mismo texto del artículo en comento establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De aquí que se desprendan otros dos principios importantes, como lo son el pro personae y el principio de interpretación conforme, mismos que se explican a continuación.

El Principio Pro: Personae atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

El Principio de Interpretación Conforme: Refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.

Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa a la norma constitucional, sin que ello signifique la derogación o desaplicación de una norma interna, ni su subordinación a la norma internacional.

Por lo anterior, la Ley General de Víctimas se establece bajo los principios del articulo 1 párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

Asimismo, dicha norma jurídica sentencia que “obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.

Mientras que además “la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizaste cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizaste”.

Por tanto, podemos reflexionar que a partir del 10 de junio del 2011 con las reformas a la constitución en materia de derechos humanos principalmente bajo los principios que hemos abordado se da un gran avance en materia jurídica por que se resalta la importancia sobre el debido proceso además de tomar en consideración los tratados internacionales. Aunque México forma parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de tener conocimiento sobre el tema operario jurídico no había evolucionado sino a partir del 2011, cuando se consideran la hermenéutica propia de los derechos humanos que garanticen los principios de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y pro persona como lo señala el artículo 1 Constitucional del cual en 2013 surge la Ley General de Víctimas como consecuencia de dicha norma modificada bajo los principios ya mencionados.

Por consiguiente, podemos comprender y entender que se ha evolucionado y México se alineado a los tratados internacionales por los que esta obligados a que las normas y actos relacionados a derechos humanos principalmente en el sentido de las víctimas nos sea vulnerado y sea respetado en todo momento como lo señala el primer precepto de la carta magna.

 

 

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